Estamos en una época en los Estado Unidos cuando el gobierno no tan sólo está rompiendo las leyes sin repercusión ninguna del congreso—sino también están haciendo presión sobre la empresas telefónicas a compartir nuestros datos con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés). ¿Hasta qué punto van con esto?

En mayo de 2006, el mundo se enteró de un programa de la NSA por el cual consiguieron (según un artículo en el periódico USA Today) registros de llamadas de más de 10 millón personas en EEUU. Además, las llamadas vigiladas no fueron de personas sospechas a algún delito. Las compañías que nombraron son: AT&T, BellSouth y Verizon. Aún no es claro hasta que punto las compañías ayudaron con el esquema—pero lo que es cierto es que tenemos que asegurar que no violan nuestros derechos más.

El presidente, hablando del programa de vigilancia por la NSA que fue descubierto en diciembre de 2005, dijo que sólo vigilaron a llamadas internacionales. Sin embargo, es evidente ahora que el gobierno ha estado acumulando datos domésticos desde los ataques de 9/11. Aunque el gobierno afirma que su programa es legal, no lo es porque nunca pidieron un orden judicial de la corte FISA—cuya jurisdicción es sobre tales órdenes confidenciales. Y ahora mismo, el senado está debatiendo el futuro del General Hayden. Él estuvo encargo de la NSA cuando el programa de espionaje fue creado—y ahora el presidente quiere ascenderlo a director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus signas en inglés).

¿Qué podemos hacer? Escribe sus legisladores, diles que no está de acuerdo con los programas ilegales de la NSA. También puede hacer una queja directamente a la Comisión de Servicio Publico contra las empresas telefónicas: http://www.psc.state.fl.us/apps/consumers/complaints/.

Es hora de que el congreso toma acción para parar el programa ilegal de espionaje doméstico. La administración del presidente tiene que ser responsable por sus acciones tal como cualquier otro ciudadano.